Por eso, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Luis Felipe Murgueitio, recuerda que es mejor contratar servicios legales para evitar sanciones y malos entendidos no sólo con el ente de control, sino con los vecinos y los mismos trabajadores.F
«Es un mensaje que la Superintendencia de Vigilancia quiere llevar a la ciudadanía, especialmente en esta época en que se define la agenda de las asambleas de copropietarios en edificios y conjuntos residenciales», afirma el funcionario, quien recuerda que en ningún caso se pueden contratar servicios de vigilancia y seguridad privada a través de conserjería, portería o cuidadores (decreto 356 de 1994).
«Quienes lo hagan se exponen a multas de entre 20 y 40 salarios mínimos», asegura el Superintendente, quien recuerda que el año pasado la entidad recibió 4.200 quejas relacionadas con la prestación de servicios ilegales. De estas, 90 por ciento tuvieron que ver con casos de celaduría o vigilancia fija.
Según el Superintendente, la Superintendencia hizo 230 visitas a compañías sospechosas de no prestar servicios legales e inició procesos para decidir medidas cautelares en 129 casos.
